Guerra en CDMX entre taxis y plataformas

Estos días ha habido un intenso debate sobre las nuevas reglas para los operadores de plataformas como Uber, Didi, Cabify y Beat que impone el gobierno de la Ciudad de México. Ante ello, vale la pena revisar la situación con mayor nivel de detalle desde varias dimensiones.

¿Qué problema están tratando de resolver?

De acuerdo con la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las reformas a las disposiciones del reglamento de la Ley de Movilidad forman parte del derecho a la movilidad. En teoría, las nuevas disposiciones buscan objetivos como igualar los requisitos para los servicios de plataforma y taxis, construir un padrón completo de taxis y servicios de transporte privado y disminuir la corrupción.

En la práctica, buscan lograrlo a partir de la imposición de disposiciones que incrementan las fricciones de operación para las plataformas, como la creación de una licencia para conductores de servicios de aplicación, acreditar las pruebas de capacitación, la revisión físico-mecánica (o revista) del vehículo, la obtención y el pago de una constancia de registro —alrededor de $1,900 pesos—, la presentación de una factura de origen del vehículo por al menos $250 mil pesos y que éste no exceda los 10 años de antigüedad. Además, les impone la prohibición de recepción de pagos en efectivo.

El reglamento cumple con el mandato de la Suprema Corte de 2017 de que el servicio de las plataformas es diferente al que proveen los taxis, y se puede regular de forma distinta, siempre y cuando el trato sea “razonable”, lo cual seguramente será debatido en tribunales. Sin embargo, no cumple con la anulación de la prohibición para el pago en efectivo para plataformas de transporte por internet de octubre de 2018. Esto hace pensar que la reglamentación tendrá modificaciones.

El contexto de esta nueva reglamentación

Vale la pena destacar que el tema se comenzó a mover en febrero de 2019, cuando se organizaron una serie de protestas de grupos de taxistas —algunos más radicales que otros— en el Zócalo. A partir de mítines y presiones, las autoridades ofrecieron revisar los servicios con los que trabajan las plataformas, mientras los taxistas prometieron compromiso con las autoridades. Igualmente emplazaron a más paros en mayo y junio.

En el entretiempo, se terminó de digitalizar la tramitología para que buena parte del proceso de registro se haga digitalmente, mientras que la revisión se haga vía los Centros de Verificación, otrora percibidos como lugares donde suceden prácticas de corrupción.

Finalmente, en abril, se presentaron los nuevos lineamientos. A partir de esto, destaca:

a) La gran desconexión entre los objetivos con los que se presentó la reforma y las disposiciones en sí. Particularmente, que las adecuaciones estén totalmente cargadas a los conductores de las plataformas y no hay exigencias nuevas relevantes a los taxistas.

b) Que la reforma al reglamento se dé en el contexto de las reuniones entre representantes de taxistas movilizados, sin haber dedicado la misma atención a los representantes de las plataformas.

Los taxistas en su conjunto están actuando como un ente político y la reglamentación transmite el interés de quedar bien con ellos, así como la premisa de que los taxis cumplen íntegramente el reglamento y que el servicio está muy bien.

En el marco actual de los taxis, destacan los altos pagos que deben erogar los taxistas (cromática, licencia de conducir, paso de revista y ciertos impuestos municipales y federales —en este análisis se omitirán los taxis de aeropuerto—), lo que hace que contar con y mantener una placa de taxi es muy caro, en comparación con las utilidades reales. Históricamente, la verificación de trámites no fue suficiente para evitar taxis piratas, taxis sin pintar, facias amarradas, intercambio de identidades o letreros de ‘en trámite’.

Por otro lado, ellos también son sometidos a pruebas de manejo y capacitación. Igualmente, las pruebas no empujaron a una monitorización constante de los conductores, a efecto de ofrecer un servicio más homogéneo, donde el cliente estuviera primero que el conductor, donde no se negara el servicio, donde no se tuviera que negociar el precio, entre otros.

En síntesis, los lineamientos muestran que, el problema que están tratando de resolver es ejercer más control sobre las plataformas, fortaleciendo la estructura gubernamental y los grupos clientelares, por sobre otras declaraciones que han realizado. Lo decepcionante de esto es que, mientras que cuestionar parte de los modelos de negocios de las plataformas es saludable y legítimo, obstaculizar la actividad económica en nombre de modelos dinosáuricos, no lo es.

Los argumentos de los taxistas

De forma general, las exigencias de los taxistas pasan por los siguientes puntos —de los cuales, hay que distinguir cuáles son directamente resultado de la entrada de las plataformas—:

1) Que ya no se les permita seguir ofreciendo el servicio a autos particulares “sin concesión”

2) Que se sujeten al marco regulatorio actual y/o que las autoridades hagan estudios para saber cuántos autos realmente se necesitan

3) Que tengan acceso a los derechos laborales

4) Que aumenten las tarifas, ya que se ha perdido poder adquisitivo

5) Que terminen los operativos por parte de las autoridades

De forma muy breve, la primera exigencia pudiera tener que ver con las plataformas, la segundo sí las atañe; en la tercera, ambas partes están en circunstancias similares —sin protección social—; en la cuarta, la vinculación es parcial —ya que influye en mayor medida el ritmo de subida de las tarifas y la creciente inflación, comenzando por el precio de la gasolina—, mientras que la quinta depende directamente de las autoridades.

Al ser cuestionados de que esas leyes fueron hechas antes de que aparecieran las tecnologías que permiten la existencia de las plataformas, los grupos principalmente argumentan que las plataformas no pagan los mismos impuestos, que el gobierno no sabe qué unidades están prestando el servicio y que son inseguras —las primeras dos, las mismas directrices que las esbozadas en la reforma al reglamento.

En un punto que tienen razón, se quejan de la campaña que han hecho las plataformas contra su servicio. Sin embargo, las principales razones por las que los usuarios gustaron de las plataformas fue la conveniencia: disponibilidad, auto en mejores condiciones generales, cargo con tarjeta, ofrecimiento de beneficios adicionales, posibilidad de regresar objetos perdidos, no necesidad de negociación verbal de tarifa, entre otras.

Al preguntárseles de por qué los deben usar, principalmente argumentan que es porque cumplen con su reglamentación, porque le han dedicado tiempo a capacitarse y porque son seguros. A este respecto, en un mundo de movilidad hiperconectada, extraña que no hayan emprendido esfuerzos para aceptar pago con tarjeta, instalar sistemas de GPS y colaborar con la ciudad para mejorar el tráfico general y estar compitiendo con un paradigma de limitación por escasez.

¿Cómo regular mejor a taxis y plataformas?

Desde su aparición, el modelo de alquiler de vehículos con conductor ha sido polarizante y el establecimiento de reglas a su alrededor ha sido escabroso. Las tensiones han sido mayores tanto en las transiciones del modelo como en sus cambios regulatorios —de caballo a vehículo, de poca regulación a sobre regulación, luego los esfuerzos de desregulación y la introducción de tecnologías— especialmente porque las nuevas fuerzas empujaban a las anteriores hacia un nuevo estándar y los jugadores establecidos reaccionaban violentamente.

De acuerdo con Katryna Wyman, los pilares para la regulación del taxi pasan por regular la entrada, la tarifa, la seguridad del consumidor, la protección de los trabajadores y los requerimientos universales de servicio.

Llama la atención que la reforma de los reguladores pasa únicamente con incrementar las barreras de entrada —especialmente por emitir una licencia de conducir especial, tema que, en la práctica, no ha sido un problema relevante—, en aumentar los costos de enrolamiento y el valor mínimo del auto. A pesar de que las autoridades pudieran argumentar que también tocan la seguridad del consumidor, en la práctica, se cometen delitos tanto en taxis como en plataformas.

Los cambios que han traído las plataformas a la industria

Aquí se propone que usemos la ley de Sayre para incrementar el valor del pastel y disminuyamos la intensidad de la disputa: dado el nuevo estándar de servicio logrado por las plataformas, que provee sustancialmente de más beneficios que costos sociales, es una mejor forma de regulación el priorizar que los taxistas sean más competitivos.

Lo anterior hace sentido según demostró Scott Wallsten, la llegada de Uber “creó una alternativa (competitiva) para los consumidores, que de otra forma se hubieran quejado con el regulador; también alentó a los taxis a mejorar su propio servicio en respuesta frente a la nueva competencia.”

Si realmente se le quiere hacer un favor a la ciudad a través de la regulación, valdría la pena preguntarse, ¿qué pasaría si la regulación los empujara a ser más competitivos? Algunas cosas que la regulación puede hacer que mejoren los taxistas es:

• 1) Facilitar mecanismos de actualización de los automóviles
• 2) Establecer mecanismos para que todas las unidades cuenten con cinturón de seguridad
• 3) Facilidades para permitir más opciones de pago, incluyendo tarjeta de crédito y para 2024, integrarlo a la tarjeta de prepago unificada para todo el transporte en la ZMCM
• 4) Instalación de GPS en sus unidades
• 5) Incentivo del uso de aplicaciones para conseguir pasaje
• 6) Adoptar las mejores prácticas (históricas) de las plataformas, que van desde limpieza, exámenes de confianza, así como emisión de recibos y/o facturas
• 7) Permitir que los usuarios tengan en su móvil la información pertinente del taxista y que puedan calificarlo después del viaje
• 8) Revisión y ajuste más frecuente de tarifas, tanto para sitios como para taxis regulares
• 9) Disminuir los costos de emplacamiento y la carga regulatoria a los taxis

Cabe destacar que las primeras siete propuestas son para protección y beneficio de los usuarios, y las dos últimas mejorarán su poder adquisitivo. La séptima tiene especial importancia, ya que la acreditación abierta es un bien de confianza y tiene un componente potente: el cliente puede penalizar a un conductor al no darle una calificación de cinco estrellas y decir por qué, introduciendo en la ecuación un sinnúmero de variables, lo que incluiría suficiente información para tomar decisiones y empoderar a los usuarios.

Una regulación a la altura de la Ciudad de México

De entre todos los cambios que han traído las plataformas, quizá el más importante es descrito por Wyman, “la tecnología reduce los costos de transacción del viaje en taxi. Las plataformas ofrecen una nueva forma de hace coincidir a los taxistas con los pasajeros que reduce significativamente los costos de búsqueda para ambas partes.” Esto implica desde la forma de pago hasta la negociación del precio.

Así que, la ventaja de la que se quejan los taxistas pasa más por el matchmaking entre oferta y demanda. Para los taxistas, les haría mayor diferencia tener que recorrer menos distancia para encontrar su próximo pasaje que eliminar a la competencia. Así, debería tener más importancia el maximizar el tiempo que la unidad está haciendo un viaje pagado en comparación con los tiempos muertos —lo que ocasiona menor productividad, gasto en gasolina y tráfico.

De entre las propuestas anteriores, la instalación de GPS en los taxis traerá un beneficio doble para el regulador. Por un lado, le permitirá generar más información que la que actualmente acumula —fue motivo de elogios su petición de datos a las compañías de scooters eléctricos para incluirlos en la regulación, pero también transmite su irritación por los pocos datos que le comparten las plataformas de transporte, que es un beneficio público que deberían compartir en mayor medida—.

Por el otro, cruzar todos estos datos, así como los del reciente convenio con Waze, le permitirán mejorar el matchmaking de transporte respetando los beneficios traídos a los usuarios y la fluidez prácticamente líquida de las transacciones de la que no debe haber vuelta atrás.

En la práctica, esto podría transformar la industria en un bien público mejor integrado tanto horizontal como verticalmente, y en el futuro, le permitirá al regulador establecer metas más ambiciosas, como estudiar la aplicación de tarifas dinámicas dentro de rangos espaciales razonables, optimizar el número de unidades en las calles, retomar esquemas de electrificación de taxis y visualizarlos en el Sistema Integrado de Transporte.

Los debates que quedan

Un primer debate es si el ‘progresista’ gobierno de la Ciudad de México podrá ser consistente con su enfoque de decisiones basadas en datos y corregir esta regulación a modo de los taxistas dejando de lado las necesidades reales de los usuarios. Los cuestionamientos pasan tanto por los objetivos, las acciones y la ruta crítica para implementarlos.

En segundo lugar, quedará saber cómo responderán las plataformas, expertas en lidiar con regulación tanto en tribunales como a pie de calle. Será igualmente importante qué harán los usuarios —quienes verán menor beneficio económico por la regulación reciente— en medio de la Cuarta Transformación, donde se ha visto que el ruido a pie de calle es fundamental para hacer política.

Y, en tercer lugar, habrá que pensar en el peso específico que tienen que tener los objetivos de movilidad en comparación con otros beneficios de la aparición de las plataformas. Los cambios regulatorios suponen que un taxista o conductor de plataforma maneja un vehículo solo se dedica a esta actividad a nivel de ingresos e inversión de tiempo, cuando, según se ha hecho recuento, las plataformas han dado oportunidades a quienes necesitan un ingreso adicional —por pérdida de poder adquisitivo o ambición personal—, a quienes pudieran tener una discapacidad auditiva, a quienes fueron despedidos de su trabajo por edad, a quienes acaban de migrar a México o a quienes piensan que no tienen otra alternativa.

En síntesis, la regulación debe ser dinámica, muy flexible y funcionar como un instrumento para fortalecer el mercado, en línea con las estrategias de movilidad sustentable. Esperemos que las autoridades recapaciten sobre sus decisiones pensando en la mayor cantidad de votos: la otorgada por los ciudadanos.

Publicada el 9 de mayo de 2019 en Forbes México.